Desde la página de Facebook de Caminantes del Desierto A.C., se escuchó una vez más el eco de una denuncia convertida en clamor: el Área Natural Protegida del Parque Central en el Cerro Johnson, en Hermosillo, no solo está siendo invadida y desmontada, también está siendo convertida —una vez más— en un basurero.
“Lo que a la comunidad nos tomó dos años limpiar, otros lo están ensuciando sin pudor”, señalan con rabia y tristeza los integrantes de esta organización ambiental, que ha hecho de las veredas del cerro una trinchera contra el olvido y la destrucción ecológica.
Lo que era paisaje restaurado, ahora es cicatriz: matorrales arrancados, caminos rotos y cúmulos de basura donde antes florecían los nopales. La denuncia no es nueva, pero sí más urgente. Por eso, Caminantes del Desierto exige acciones claras y contundentes al gobierno municipal:
Que la Sindicatura Municipal haga valer la ley y use la fuerza pública para desalojar a los invasores, desmantelar sus instalaciones y presente denuncia formal ante el Ministerio Público.
Que Inspección y Vigilancia no solo sancione, sino que obligue a la remediación del daño ecológico causado.
Que el Cabildo apruebe, de una vez por todas, el nuevo reglamento de ecología, cediendo la administración de las Áreas Naturales Protegidas Municipales a la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC).
Que se destine un presupuesto real y suficiente a la AMECC para acciones de conservación. Hace más de diez años que el Cerro Johnson no ve una inversión pública sustanciosa.
El reclamo no es caprichoso ni emocional: el Artículo 340 del Código Penal de Sonora es claro. Ocupar, usar o invadir un área natural protegida con violencia, engaño o sin derecho está penado con seis meses a siete años de prisión y multas de hasta 900 Unidades de Medida y Actualización, además de la obligación de reparar el daño.
¿Quién vela por el cerro? ¿Quién lo defiende cuando los depredadores vienen no con hachas, sino con papeles, indiferencia y maquinaria?
Los Caminantes del Desierto lo hacen. Caminan con dignidad donde otros tiran basura. Resisten donde otros callan. Pero no pueden hacerlo solos.
El Cerro Johnson no puede ser otra víctima del silencio ni del burocratismo. Su defensa no es un acto de romanticismo ambiental, es una obligación legal y moral. La comunidad ya hizo su parte. Es momento de que el gobierno haga la suya.
