Estados Unidos. TV Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas solicitaron a la Corte del Distrito Sur de Nueva York extender por más de un año el proceso de descubrimiento de pruebas previo al juicio que enfrentan por un adeudo que, según documentos de la propia defensa, ya supera los 600 millones de dólares.
En una carta enviada el 12 de noviembre al juez Paul G. Gardephe, las empresas del consorcio rechazaron promover una moción para desestimar o suspender el litigio mientras avanza el arbitraje que se atiende en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Señalan que ambos procedimientos podrían derivar en una doble compensación para los acreedores, por lo que eventualmente buscarían mecanismos de resarcimiento.
De acuerdo con documentos consultados por La Jornada, la defensa de TV Azteca —a cargo del despacho Greenberg Traurig— propone un proceso largo y detallado de intercambio de información, argumentando que es necesario investigar la nacionalidad de los acreedores, revisar las leyes mexicanas en materia de tasas de interés y analizar lo que llaman “protecciones mexicanas contra la usura”.
La empresa incluso plantea un cronograma que sumaría hasta 591 días para desahogar pruebas. TV Azteca pretende responder formalmente a la demanda antes del 26 de noviembre de 2025 y, a partir de ahí, avanzar en etapas calculadas en lapsos de “dos semanas”, “120 días” o “100 días”, que extenderían la fase de descubrimiento más allá de un año.
Leyes mexicanas al centro del litigio
Mientras en México Ricardo Salinas Pliego cuestiona al sistema judicial por los créditos fiscales que sus empresas mantienen en litigio, la defensa de TV Azteca en Estados Unidos insiste ante la Corte de Nueva York en que la legislación mexicana debe tener un papel central en este caso.
“El centro de gravedad de la transacción es claramente México”, sostiene el documento legal. La televisora afirma que aplicar solamente la ley de Nueva York —como establecen los contratos según los acreedores— implicaría ignorar el orden público mexicano y sus normas contra la usura. Argumentan que, en México, “es un delito obtener rendimientos desproporcionados de los deudores”, lo que consideran relevante ante el crecimiento de la deuda, hoy superior a 600 millones de dólares.
El conflicto se remonta a 2017, cuando TV Azteca emitió bonos por 400 millones de dólares. Tras dejar de pagarlos, la empresa obtuvo en tribunales mexicanos una protección alegando afectaciones derivadas de la pandemia de COVID-19, mientras los acreedores recurrieron a la justicia estadounidense para reclamar el cumplimiento del contrato.
