Siete personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentaron una demanda colectiva contra la administración Trump por las condiciones “inhumanas y punitivas” en el California City Detention Facility, el centro de detención de inmigrantes más grande de California, operado por la empresa privada CoreCivic bajo un contrato de 130 millones de dólares vigente hasta 2027.
La denuncia —presentada ante la Corte Federal del Distrito Norte de California— describe un patrón sistemático de abusos:
- Condiciones insalubres y punitivas: falta de alimentos y agua suficientes, temperaturas extremadamente frías y restricciones a visitas familiares.
- Aislamiento forzoso: confinamientos prolongados y uso excesivo de celdas de aislamiento.
- Atención médica negligente: personas sin tratamiento para cáncer, problemas cardíacos, diabetes y otras condiciones graves.
- Abandono de personas con discapacidad: ausencia de intérpretes, sillas de ruedas y otros apoyos esenciales.
- Violación de libertad religiosa: confiscación de alfombras de oración, velos y textos sagrados.
- Obstáculos al acceso legal: largas demoras para llamadas y visitas con abogados.
Los demandantes —Fernando Gómez Ruiz, Fernando Viera Reyes, José Ruiz Cañizales, Yuri Alexander Roque Campos, Sokhean Keo, Gustavo Guevara Alarcón y Alejandro Mendiola Escutia— buscan frenar las violaciones a la Primera y Quinta Enmienda, así como a la Ley de Rehabilitación.
Desde su reapertura este año, el centro ha sido descrito por los internos como una “cámara de tortura”. En septiembre, más de 100 personas protestaron dentro del penal para exigir el fin de los abusos.
Organizaciones como ACLU, Disability Rights California y la Oficina de Derecho Penitenciario sostienen que la instalación no cumple ni con las necesidades básicas mínimas, y que ICE mantiene un “absoluto desprecio por los derechos y la dignidad” de las personas bajo su custodia.
Con 2,560 camas, California City es el mayor centro de detención migratoria del estado. Hoy alberga a más de 800 personas, pero CoreCivic anticipa que alcanzará su máxima capacidad a inicios de 2026 ante el continuo incremento de detenciones en California.
