En Ures, Sonora, donde se proyecta construir la presa Puerta del Sol, se ha montado un operativo político disfrazado de consulta ciudadana. Más de 350 servidores públicos participan en tareas de convencimiento, encabezados por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y acompañados por Célida López (Agricultura), José Luis Alomía (Salud), Froylán Gámez (Educación), Lizeth Vázquez (DIF) y el delegado de Conagua, Rodolfo Castro Valdez.
El operativo consiste en recorrer casas aplicando encuestas que buscan detectar “vulnerabilidades” de la población y, a partir de ello, definir estrategias de presión política para imponer la construcción de las presas.
Presuntos delitos
Aunque la consulta que se realizará para que la comunidad decida sobre la construcción de las presas no sea una elección tradicional de candidatos, el operativo en Ures se ha convertido en un ejercicio de participación ciudadana en el que el gobernador utiliza diversas secretarías para influir en el resultado. La legislación mexicana es estricta en este punto y sanciona el uso de recursos públicos con fines políticos o de coacción.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales y otros códigos relevantes establecen que emplear recursos públicos para presionar o condicionar la participación ciudadana constituye un delito. La infracción se configura cuando uno o más servidores públicos utilizan recursos materiales, humanos o financieros para coaccionar a la ciudadanía a decidir a favor o en contra de un proyecto, en este caso, el de las presas.
Además de la vía penal, estas acciones constituyen Faltas Administrativas Graves, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente bajo el concepto de desvío de recursos públicos.
De acuerdo con la ley, el gobernador, los secretarios involucrados y los funcionarios que ordenaron o participaron en el operativo deberían ser objeto de investigación por la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, con posibles consecuencias de destitución e inhabilitación.
Con base en los elementos documentados, podemos concluir lo siguiente:
• El uso de recursos de Salud, Educación y Cultura para una campaña a favor de las presas constituye peculado, conforme al Código Penal Federal y Estatal.
• La utilización de recursos públicos para coaccionar en una consulta configura un delito electoral, sustentado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
• El uso de recursos para fines distintos a los presupuestados, según la ley de presupuesto estatal, constituye una falta administrativa, contemplada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La clave legal es ineludible: los recursos públicos deben destinarse al objeto para el que fueron autorizados —salud, educación o asistencia social— y no a fines de promoción política, aunque la obra se presente como de “beneficio social”.
Lo que está en juego
La pregunta central es inevitable: ¿quién asume la responsabilidad de este operativo? El gobernador Alfonso Durazo no solo lo conoce, sino que lo respalda públicamente al insistir en la viabilidad del plan de presas.
Su gobierno, que se presenta como garante de la “Cuarta Transformación” en Sonora, reproduce viejas prácticas del autoritarismo: clientelismo político, uso de programas sociales como mecanismo de presión y manipulación de comunidades vulnerables.
El trasfondo de esta estrategia es claro: 7 mil 500 millones de pesos están en juego con el plan de presas.
Y mientras el discurso oficial habla de “desarrollo” y “garantía de agua”, las comunidades organizadas en vigilias y asambleas ribereñas advierten que se busca imponer el proyecto a toda costa, incluso pasando por encima de la legalidad.
La participación de secretarías estatales en una operación de corte político puede derivar en responsabilidades administrativas y penales. El uso de personal y recursos públicos con fines distintos a los establecidos por ley vulnera la normatividad vigente y abre la puerta a denuncias por peculado.
El gobernador Alfonso Durazo y los titulares de las secretarías involucradas deberán responder a una cuestión que crece en el imaginario de los sonorenses: ¿por qué el aparato de gobierno se vuelca en una campaña para convencer y doblegar a las comunidades, en lugar de garantizar procesos transparentes y legales?
El río Sonora ya conoce de tragedias, corrupción y desconfianza. Hoy, bajo la sombra de las nuevas presas, lo que se cierne sobre sus aguas no es solo un proyecto hidráulico, sino un entramado político que podría arrastrar al gobierno estatal a un escándalo de ilegalidad.
El gobernador Alfonso Durazo y los titulares de las secretarías involucradas cargan con la responsabilidad directa de este operativo que mezcla política y recursos públicos. Lo documentado apunta a que podrían ser sujetos de investigación por la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.
El río Sonora ya arrastra la herida del derrame de Grupo México en 2014. Hoy enfrenta otra amenaza: que su futuro se decida bajo prácticas ilegales y de coacción.
La pregunta es inevitable:
¿Por qué el gobierno de Durazo recurre al aparato estatal para imponer las presas, aun a costa de violar la ley?
