La guerra por el agua en Sonora ha empezado
Agua, legitimidad y simulación.
El agua es un derecho fundamental, pero en Sonora se ha convertido en un campo de batalla político y social. La reciente reunión encabezada por el gobernador, Alfonso Durazo, supuestamente para dar continuidad al Plan Hídrico de Sonora, terminó confirmando lo que muchos temían: no se trató de un ejercicio de diálogo ciudadano, sino de una puesta en escena cuidadosamente orquestada, en el que olvidaron un detalle.
Lejos de convocar al pueblo de Ures y a las comunidades que viven y trabajan a la orilla del río, Durazo se rodeó de personajes sin arraigo en el campo, liderazgos débiles o francamente acarreados, que no representan el sentir real de la población. Esa estrategia de simulación -“construir consenso” a base de invitados a modo- solo ha profundizado la desconfianza hacia el gobierno.
El secretario de gobierno Adolfo Salazar posteo en su cuenta de Facebook un mensaje alabando la reunión porque se está poniendo en marcha el plan hídrico en Sonora.
Sus palabras son muy halagadoras para crear una escena de agrado al gobernador.
En este escrito retomamos la respuestas que han ventilado la ciudadanía en ese mismo mensaje para analizar su contenido y mostrar a ustedes la otra cara de la moneda, la respuesta de la gente.
Las respuestas que circularon en redes sociales son contundentes: rechazo frontal a las presas proyectadas, denuncias de traición a la palabra empeñada y advertencias sobre los riesgos de un estallido social.
El malestar no se limita a los efectos ambientales o técnicos -que son graves y fundados, pues una nueva presa bloquearía corrientes subterráneas vitales para Hermosillo y las comunidades ribereñas-, sino que se concentra en el método: un gobierno que promete escuchar al pueblo y termina imponiendo interlocutores falsos.
El propio gobernador Alfonso Durazo ha dicho que “si el pueblo no quiere la obra, no se lleva a cabo”. Pero las acciones contradicen sus palabras. No se cumple con los procedimientos que marca la ley: ni consultas reales, ni transparencia sobre los estudios de impacto, ni garantía de participación efectiva de los afectados. En lugar de construir legitimidad, el gobierno erosiona la poca que conserva.
En el fondo, la sospecha que atraviesa a las comunidades es clara: este plan no está hecho para garantizar agua a las familias, sino para asegurar dos objetivos: que el agua del río no llegue a la presa Abelardo L. Rodríguez para asegurar un proyecto inmobiliario de millones de pesos, y para que las minas tengan asegurado el líquido para poder operar, particularmente a Grupo México.
En un territorio marcado por el derrame tóxico de 2014, esa herida sigue abierta y se profundiza con cada gesto de simulación oficial.
La 4T en Sonora debería recordar que gobernar no es posar para la foto con liderazgos comprados ni repetir discursos huecos sobre derechos fundamentales.
Gobernar implica escuchar de verdad, cumplir la palabra dada y respetar los procedimientos legales que garantizan la participación ciudadana.
Hoy, el río Sonora no solo lleva agua: lleva también la voz de un pueblo que se sabe ignorado y que, con creciente firmeza, le recuerda al gobierno que el agua no se negocia, se defiende.
