Ha comenzado a circular información extraoficial: Sandra Lucía Téllez Nieves, exsocia de la Guardería ABC y una de las personas sentenciadas por la tragedia del 5 de junio de 2009, habría sido detenida en el estado de Arizona, Estados Unidos. Ante ello, el Movimiento 5 de Junio -integrado por madres y padres de las niñas y niños que murieron o resultaron heridos en el incendio- alzó nuevamente la voz, como lo ha hecho durante dieciséis años sin descanso.
“Queremos verificar si ha sido detenida en Estados Unidos y, si es así, que se acelere su extradición para que pague, al fin, su deuda con la justicia mexicana”, escribieron en un mensaje público difundido en sus redes sociales.
La posible detención reactiva el reclamo más antiguo y más justo: la exigencia de castigo para los responsables. Para quienes cargan con el dolor más hondo, la justicia no puede seguir postergándose ni diluyéndose entre trámites y silencios.
Un encuentro breve, un reclamo eterno
El pasado 12 de julio, integrantes del movimiento entregaron un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfonso Durazo. No pidieron favores ni gestos simbólicos. Exigieron justicia, con la memoria como bandera y la verdad como brújula.
En ese documento, hecho público también en redes sociales, se denuncia que ninguna de las personas responsables ha cumplido realmente su condena, y que el Poder Judicial ha favorecido la impunidad: de 19 personas originalmente sentenciadas, hoy solo 9 siguen en proceso de ejecución, con penas reducidas en promedio a cinco años.
El caso de Sandra Lucía Téllez Nieves es el más emblemático. Su sentencia fue reducida a cinco años y siete meses de prisión, y aunque desde febrero de 2022 tiene orden de reaprehensión vigente, hasta ahora no se había hecho efectiva.
“Son ya 16 años de impunidad institucional”
En su petición a la presidenta, las madres y padres insisten: “Es lamentable que las autoridades encargadas de investigar y administrar justicia no lo hayan hecho de manera pronta ni expedita. Al contrario, su inacción ha favorecido a los responsables.”
Acusan directamente al Poder Judicial en Sonora, que exoneró a diez personas tras la resolución de la Suprema Corte, y redujo las penas de las restantes sin explicación moral ni ética.
Exigen cumplimiento a la Ley 5 de Junio y atención médica digna
El documento también incluye otras exigencias pendientes desde hace años:
La aplicación completa de la Ley 5 de Junio en todas las entidades del país. Solo nueve estados cuentan con legislación armonizada.
La creación de términos de referencia nacionales para la supervisión de estancias infantiles, tomando como modelo los desarrollados en Sonora.
La replicación de la Brigada Especial de Protección Civil de Sonora en todas las entidades federativas.
En cuanto a la atención médica, denuncian un panorama de abandono: falta de especialistas, equipo obsoleto, carencia de opciones para medicamentos, y un centro de rehabilitación sin herramientas suficientes.
“El dolor no ha terminado, el cuerpo sigue padeciendo, y la salud emocional ha sido ignorada”, señalan. Piden otro proveedor de medicamentos, más opciones en atención subrogada, y sistemas informáticos modernos que permitan al personal médico acceder a estudios y resultados sin trabas tecnológicas.
“Seguiremos informando con verdad y con memoria”
El Movimiento 5 de Junio cierra su mensaje con una promesa y una advertencia: seguirán caminando con la verdad, exigiendo sin miedo y recordando sin tregua. “Queremos corroborar la detención. Queremos que este proceso no se quede, una vez más, en el olvido.”
Porque cuando la justicia se demora, se convierte en una forma más del crimen.
